Un artículo de Xavier Montanyà publicado en La Vanguardia del pasado miércoles con el que LA ESCUELA MODERNA se identifica en su totalidad. A petición nuestra, el propio autor nos lo ha hecho llegar para que pudiese ser colgado en nuestro blog.
¿ Fin de la modélica transición ?
Por Xavier Montanyà.
El Gobierno proyecta la rehabilitación “moral, simbólica y solemne” de las víctimas de la represión de los dos bandos de la Guerra Civil y de la dictadura del general Francisco Franco. Aunque falta saber el contenido exacto de la futura ley y el significado que dé a la palabra “rehabilitación”, que no debería ser un mero gesto simbólico, puede ser un avance significativo para las víctimas y la sociedad, que restaure la dignidad a la democracia. Han tenido que pasar treinta años, más de una generación, desde la muerte del dictador para que los partidos democráticos aborden una verdad tan obvia como dolorosa. Tras condenar en las Cortes (2002) el golpe de estado del 18 de julio de 1936, por fin se reconoce políticamente la existencia de las víctimas de la dictadura y se accede a su rehabilitación pública. Qué fácil es honrar a las víctimas de los nazis, o de las dictaduras latinoamericanas, y cuánto cuesta hacerlo con las nuestras! No obstante, el contenido de la ley que, de momento, se conoce parcialmente y de forma oficiosa, sigue impregnado de aquel espíritu de la transición que dictó el silencio sobre nuestro pasado y excluyó del proceso político a parte de la ciudadanía y a sus esperanzas democráticas y de justicia històrica. Las víctimas del franquismo serán reconocidas en tanto en cuanto se reconozcan también las víctimas sufridas por el bando sublevado de la guerra civil, de lo cual podríamos deducir que las auténticas víctimas son éstas últimas, ya que las de los cuarenta años de dictadura lo son sólo “en tanto en cuanto”. ¿Cómo puede seguir existiendo una política de izquierdas tan cobarde y acomplejada? Las víctimas franquistas de la guerra recibieron honores, pensiones, medallas, prebendas, estancos y réquiems durante los “cuarenta años de paz”, mientras el régimen se aplicaba en aniquilar, exterminar y criminalizar a los republicanos. En 1939, los que representaban la legalidad democrática perdieron la guerra y todos sus derechos civiles. Los otros se hicieron con el poder y siguieron matando. Al acabar la guerra hubo casi medio millón de exiliados y la misma cantidad de presos hacinados en cárceles y campos de concentración. Después de haber asesinado a unos 100.000 “rojos” durante la guerra, en los años cuarenta hubo 50.000 ejecutados, sin contar los desaparecidos y los que murieron víctimas de la dureza del sistema penitenciario, la miseria, el abandono o el suicidio. Es difícil establecer parámetros, pero en Francia, tras la Segunda Guerra Mundial hubo 10.000 condenados a muerte, de los cuales fueron ejecutados entre 700 y 800. Y en Italia, en 1947, dos años después de la guerra, había sólo dos mil presos fascistas en las cárceles. En España la magnitud y el alcance de la represión que persistió hasta 1975 y se prolongó en los primeros años de la transición, provocó tal terror que las víctimas ni se atrevieron a reclamar a sus muertos, ni a exigir su rehabilitación en democracia y fueron ignoradas por los partidos, quizá porque apoyarlas no producía ninguna rentabilidad política en aquella transición “modélica”, que cada vez está más en evidencia. La democracia ninguneó a las víctimas. Ahora, tras treinta años, y gracias a las presiones que, en los últimos años, han ejercido sobre los partidos de izquierda y centro-izquierda las asociaciones de víctimas, los colectivos para la recuperación de la memoria y los grupos pro-revisión de las sentencias judiciales, la democracia se dispone a rehabilitarlas, pero sólo “en tanto en cuanto”... ¿Cómo puede haber alguien que todavía invoque las virtudes de nuestra transición? Más bien es necesaria una revisión crítica en profundidad de todo el proceso para subsanar olvidos y errores y sanear la cultura democrática del país. Hasta que las víctimas de la dictadura no sean tratadas por la democracia como justamente merecen, la democracia será imperfecta, porque ellas deberían haber sido, desde el principio, uno de los elementos principales del proceso. Y si no, fijémonos en lo sucedido en Chile, país cuyo proceso de transición ha evolucionado de manera más justa, rigurosa y coherente que el nuestro, a pesar de haberse iniciado con graves dificultades: el dictador permaneció en el poder, primero, como Jefe de las Fuerzas Armadas, y, luego, como senador vitalicio. No obstante, cuando Pinochet fue detenido en Londres (1998), se perdió el miedo y la invulnerabilidad, y se pudo iniciar la verdadera transición. Es significativo recordar que en aquel momento, políticos aparentemente dispares pero coincidentes en lo fundamental, como Rodolfo Martín Villa y Felipe González Márquez mostraron su desacuerdo con que el dictador chileno fuera juzgado por crímenes contra la humanidad, elogiando las virtudes de “nuestra modélica transición”, que ponían como ejemplo a seguir a los chilenos. ¿Por qué tanta insistencia? Desde entonces, Chile, haciendo caso omiso, inició un verdadero proceso para restablecer la verdad y la justicia en el que juegan un papel decisivo las asociaciones civiles de víctimas de la dictadura. Se ha podido juzgar a muchos funcionarios policiales y militares por crímenes y violaciones de los derechos humanos. Pinochet, pese a sus tejemanejes legales y médicos, está procesado por su responsabilidad en la Operación Cóndor. El jefe de las fuerzas armadas, general Juan Emilio Cheyre, ha reconocido la responsabilidad institucional del ejército en las violaciones de los derechos humanos de la dictadura, por primera vez desde el golpe de estado de 1973. Y el presidente Ricardo Lagos ha hecho público un informe sobre la tortura, que recoge el testimonio de 35.000 víctimas y ha escrito: “Se ha acabado el silencio, se ha desterrado el olvido, se ha reivindicado la dignidad de cada una de las víctimas”. Por desgracia, en España no podemos decir lo mismo. Incluso da la impresión que de una manera velada, inconsciente, oscura, hay quien cree o pretende hacer creer que las víctimas del franquismo eran, en realidad, culpables.
Pero el proceso y la discusión siguen y deben seguir, sobre todo ahora que parece que tímidamente las víctimas pueden empezar a expresarse. La última novedad la ha aportado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Al ser criticado por algunos sectores latinoamericanos sobre la incongruencia de investigar los crímenes de las dictaduras chilena y argentina e ignorar los del franquismo, el juez no ha tenido más remedio que declarar que es necesario crear una comisión de la verdad porque es imprescindible “saber lo que sucedió” ya que es obvio que en el periódo 1939-1975, “hubo excesos y auténticos crímenes contra la humanidad”. Ya se verá si la iniciativa progresa. De momento, es la primera vez , en treinta años de democracia, que un alto funcionario del estado español habla de “crímenes contra la humanidad” del franquismo. Gracias a las críticas de los chilenos que se negaron a seguir el ejemplo de nuestra “modélica transición”.
